Agua de Puebla niega violar derechos humanos

Agua de Puebla para Todos, concesionaria de agua potable en el estado, rechazó que viole los derechos humanos como resultado de la privatización del servicio y negó un estudio que habría sido publicado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La concesionaria señaló que el estudio retomado por varios medios de comunicación no fue realizado por la CNDH, sino por un grupo de académicos de la UNAM y que solo fue publicado por el portal electrónico de la Comisión.

“En el caso que nos ocupa, en el apartado ‘Pronunciamientos, estudios e informes especiales’ del portal electrónico de la CNDH, se publica en marzo de 2018, un estudio realizado por académicos de la UNAM, cuya temática se refiere a la protección de ríos, lagos y acuíferos de todos México, que es el que los medios informativos usan como fuente de estudio que de ninguna manera tiene como objetivo valorar la actuación de Agua de Puebla en relación a los derechos humanos”, explicó Agua de Puebla.

Añadieron que el proceso para determinar violaciones a los derechos humanos se inicia con una denuncia y concluye con una resolución que puede requerir una investigación, aunque dicho proceso legal no ha sucedido.

“La información que los medios atribuyen a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en relación con Agua de Puebla, no se refiere a un procedimiento para determinar violaciones específicas a derechos humanos en términos de ley, por lo que resulta difamatoria”, indicó.

En el estudio Protección de ríos, lagos y acuíferos desde la perspectiva de los derechos humanos, Agua de Puebla es la empresa concesionaria del país peor evaluada al tener la mayor cantidad de anomalías con nueve. Entre ellas, la represión mediática, el incremento de tarifas, nuevos conceptos de cobro, instalación forzada de medidores, mala distribución del agua, falta de claridad en el costo del servicio, entre otras.

Cámara de Diputados aprueba Ley de Seguridad Interior

La Cámara de Diputados avaló la Ley de Seguridad Interior, al contar con 262 votos a favor, una ley que regula la participación de las fuerzas armadas en el combate contra la delincuencia organizada.

Solo las bandas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Movimiento Ciudadano (MC) votaron en contra con un total de 25 votos, de igual forma, señalaron que acudieron a la Suprema Corte de Justicia para impugnar la Ley.

Después de que el Senado haya regresado la Ley con sus modificaciones, los Diputados también aprobaron la adición de un quinto artículo transitorio en el que se establece que 180 días después de la entrada en vigor de la Ley, los gobernadores y presidentes municipales donde las fuerzas armadas realicen labores, deben presentar un programa de acciones, plazos y presupuestos para el fortalecimiento de sus policías locales.

Esto va en relación a que la Ley señala que la intervención de las fuerzas armadas no puede exceder de un año, solo se podrá prorrogar si el Presidente considera que la amenaza a la seguridad interior persiste.

De igual forma, se retiró el texto donde se consideraba a las protestas sociales como amenazas para la seguridad nacional.

Por otra parte, se autoriza el uso legítimo de la fuerza a las Fuerzas Armadas, y se prevé la utilización racional y proporcional de técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos de sus elementos para contener o neutralizar actos de resistencia. Aunque se señala que en todo momento se debe respetar, proteger y garantizar en todo momento y sin excepción los derechos humanos y sus garantías.

El temor de los ciudadanos y las diferentes Organizaciones a favor de los Derechos, inclusive de las Naciones Unidas, es que la Ley de Seguridad Interior permita una militarización, atentando contra los derechos humanos de las personas, ya que tendrían facultad de usar la fuerza cuando alguna amenaza a la seguridad interior comprometa las capacidades de las autoridades competentes.

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Senado pide a Moreno Valle informe sobre recomendaciones en Derechos Humanos

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La Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, aprobó la propuesta dada por los senadores del Partido Revolución Institucional (PRI), para que la Cámara solicite al gobierno de Puebla al frente de Rafael Moreno Valle, un informe detallado sobe el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La solicitud fue aprobada por ocho votos a favor, entre ellos el de Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión. Esto a petición de una solicitud realizada el pasado cinco de octubre por la bancada del PRI.

Los senadores que integran la Comisión señalaron que, coincidieron con la preocupación presentada en la solicitud de los priistas para conocer el grado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por las diversas autoridades del estado.

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En específico, se trata del incumplimiento de tres de las 103 recomendaciones emitidas, estas tres recomendaciones siendo del periodo correspondiente de 2013 a 2015.

La primera, del 2013, es por la aplicación del uso excesivo de la fuerza que derivó en el homicidio de una persona, manteniéndose como no atendida al no existir una atención a la víctima, reparación de daños y atención médica y psicológica.

La segunda, trata sobre el incumplimiento de la recomendación No. 2VG/2014, respecto a la violación de los derechos humanos de los pobladores de san Bernardino Chalchihuapan, donde murió el menor José Luis Tehuatlie Tamayo.

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También, se hacer referencia a una recomendación relativa a la mala atención médica y violencia obstétrica en el Hospital de Acatlán de Osorio.

En la solicitud se plantea pedir a la CNDH un informe sobre el seguimiento y respuesta de las autoridades de Puebla sobre estas recomendaciones.

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