Tribunal ordena destituir a Cuauhtémoc Blanco de alcaldía

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El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), ordenó la destitución de Cuauhtémoc Blanco del puesto de alcalde de Cuernavaca y también de su tesorero, Alejandro Villareal Gasca, esto por no haber pagado laudos de cinco ex trabajadores del ayuntamiento por más de un millón de pesos.

Fue este lunes siete de noviembre cuando el Tribunal acudió a notificar el fallo, pero, ante la ausencia de Cuauhtémoc Blanco y del tesorero, solo se dejó un citatorio y explicaron que regresarían este día para efectuar la notificación de destitución.

De acuerdo a la resolución, fechada el 10 de octubre, el tribunal dio respuesta sobre la imposición de una medida decretada el 23 de marzo de 2016, promovido por: Mauricio Games, Salvador Castañeda, Lorena Gómez, Miriam Hernández y Ana Rubí Magadán, consistente en la destitución del tesorero y el presidente municipal por no haber cumplido con el laudo de fecha 31 de agosto de 2015.

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De esta forma, a estos cinco trabajadores se les deberá pagar un millón 234 mil 82 pesos con ocho centavos, además, se suma el equivalente a aportaciones retenidas y no entradas al Instituto de Crédito para los Trabajadores del Estado.

Cuernavaca, junto a los 32 municipios de Morelos, sufre de una crisis económica por la deuda pública dejada por anteriores administraciones, por lo que existen varias demandas laborales de ex trabajadores de esta administración y anteriores por despido injustificado.

En el estado, junto a Cuauhtémoc Blanco, otros 17 alcaldes atraviesan por un proceso de destitución, previo al pago de una multa, y de acuerdo a datos de la Secretaria del Trabajo, la deuda por laudos laborales asciende a 76 millones de pesos, producto de 3 mil 926 demandas.

Lo que resta para Cuauhtémoc es que sus abogados busquen una salida jurídica, aunque deberán hacer el pago de los adeudos a los ex trabajadores o buscar la conciliación con ellos.

En Morelos, desde la aprobación de una reforma en 2014, los alcaldes no tienen fuero, por lo que pueden ser destituidos sin necesidad de intervención de alguna autoridad legislativa.

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